Chile no fue la excepción y la mayor parte de las políticas económicas de la administración Ibáñez fueron financiadas con fondos norteamericanos, debido a las facilidades de pago que la banca estadounidense otorgaba a las economías periféricas como la chilena. Esta situación determinaba que la economía de Chile estuviera supeditada a los vaivenes del comercio internacional y a las constantes variaciones del valor del dólar, el que se hallaba constantemente amenazado por las tensas relaciones europeas durante la posguerra. Por otro lado, el panorama económico chileno se complementaba con el protagonismo de la industria del salitre, la que paradójicamente tenía como principal cliente a los Estados Unidos, hecho que profundizaba la dependencia chilena de la economía mundial y de los mercados globales.
Como señalamos anteriormente, luego de la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos se convirtieron en la principal potencia económica y la ciudad de Nueva York se transformó en la capital económica mundial. En octubre del año 1929 los principales títulos transados en la bolsa de valores de Wall Street sufrieron una brusca caída en sus precios, motivados por la severa crisis económica que asolaba a Europa y por la depreciación de las principales monedeas europeas.
El brusco descenso en el precio de las acciones de Wall Street que comenzó el 21 de octubre no pudo ser contenido y en los días siguientes el pánico invadió a los empresarios norteamericanos, los que comenzaron a vender sus títulos accionarios de forma vertiginosa y desmesurada con la intención de recuperar sus inversiones. El efecto que se produjo fue absolutamente contrario y las acciones perdieron valor en forma aún más rápida; en el denominado “jueves negro” miles de personas vieron desaparecer sus fortunas y aumentar sus deudas, tanto que algunos se tiraron por las ventanas del edificio de Wall Street presas de la desesperación.
El desplome de la bolsa de Nueva York tuvo un efecto dominó que se prolongó a la producción industrial, la que se debió someter a una recesión con los consiguientes cierres de fábricas, los que dejaron a cientos de miles de personas en las calles. Estos eventos marcaron el comienzo de la crisis más devastadora que sufrió hasta ese entonces el sistema capitalista, de la que el país del mundo más afectado resultaría ser Chile.
La doble dependencia que la economía chilena tenía del mercado mundial (los préstamos foráneos y la venta del salitre) causó que nuestro país se viera fuertemente remecido por la crisis de 1929, puesto que el brusco descenso de la demanda salitre generó una escasez de fondos que impidió a Hacienda pagar las cuotas relativas a los empréstitos comprometidos en el extranjero.
La administración Ibáñez desplegó una serie de medidas para revertir la situación, pero no fueron suficientes y las consecuencias sociales de la Gran Crisis pusieron en jaque la legitimidad del gobierno. La caída en la venta de salitres dejó tras de sí a miles de trabajadores cesantes, los que se vieron obligados a abandonar las oficinas del norte y a retornar a la zona central en busca de mejores perspectivas. Una de las medidas del ministro de Hacienda de Ibáñez, Pablo Ramírez, fue la creación de la COSACH (Corporación de Salitres de Chile), una empresa financiada y gerenciada por el Estado con el fin de agrupara a los productores de nitrato para elevar la producción y elevar los precios. No obstante, las disposiciones de Ibáñez chocaron con la severa crisis y fracasaron rotundamente.
En el año 1931 la crisis en Chile alcanzó ribetes trágicos: la falta de liquidez impedía el abastecimiento de los productos de consumo básico en los mercados externos, lo que aumentó los niveles de tensión entre los distintos grupos sociales. El fuerte descenso del poder adquisitivo de los chilenos y la cesantía, que aumentaba exponencialmente, obligaron al gobierno de Ibáñez a suspender el pago de la deuda externa.
En el contexto interno la fuerte crisis social no dejo a Ibáñez más opción que recurrir a los políticos tradicionales para intentar calmar a la agitada opinión pública, dejando de lado todo su rechazo a la clase política, a la que consideraba la culpable de todas las desigualdades presentes en la sociedad chilena. La primera medida que tomó Ibáñez fue llamar al radical Juan Esteban Montero para que ocupara el ministerio del Interior y a Pedro Blanquier, a quién encargó el manejo de la cartera de Hacienda.
El ministro Montero restauró las libertades públicas, pero esta disposición sólo consiguió aliviar levemente a la ciudadanía, la que exigía soluciones radicales a la paupérrima situación económica del país; sin embargo, debido al aumento gradual de las manifestaciones en su contra y a la paralización de varios sectores productivos, el 26 de julio de 1931 el presidente Ibáñez presentó su dimisión y al día siguiente se embarcó rumbó a Argentina, dejando el poder en manos del Presidente del Senado, Pedro Opazo Letelier.
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